En este video del Estudio Jurídico De Fazio, se analiza una problemática cada vez más presente en los tribunales argentinos. La violación de principios constitucionales como el de Inocencia e Igualdad, a través de falsas denuncias, sostenidas ideológicamente por el concepto de violencia de género.
El rol del abogado penalista en este tipo de casos es evitar que la escases de elementos probatorios que caracterizan este tipo de delitos, unida al temor a la impunidad frente a hechos aberrantes, implique un nivel de flexibilización de la valoración de la prueba en desmedro de los principios de inocencia e igualdad.
La Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, sancionada en Argentina, es un instrumento esencial para garantizar la seguridad y los derechos de quienes sufren violencia de género. Sin embargo, en este tipo de casos – delitos sexuales – se advierten investigaciones que avasallan todo tipo de derechos del acusado. Tales como el avance de la investigación sin notificación del imputado en medidas de prueba fundamentales; imputaciones indeterminadas; imputaciones que buscan declarar la imprescriptibilidad de tales delitos; barreras irregulares para producir pruebas – realización de pericias sobre denunciantes -; en supuestos de declaración vs. declaración se observa asignación de credibilidad a la versión del denunciante por su mera condición – lo que se denomina sesgo de confirmación – todo lo cual deriva en la aplicación de un Derecho Penal Simbólico.
🔎 El rol del abogado penalista frente a falsas denuncias:
El abogado penalista cumple una función clave en estos casos. No solo debe garantizar la defensa en juicio del acusado —derecho constitucional previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional— sino también denunciar las irregularidades del sistema cuando se inicia un proceso sin notificación adecuada o cuando se presentan pruebas débiles o manipuladas.
En este tipo de casos, será fundamental contar siempre con un perito de parte, para controlar las pruebas periciales, proponiendo la metodología aplicable, los puntos de pericia, y eventualmente, formulando un informe ampliatorio o en disidencia – además de su declaración testimonial como testigo calificado –.
La elección de un abogado penalista de su confianza es un derecho fundamental del imputado que no puede ser abastecida con la mera designación de oficio de un defensor oficial, por más recto y diligente que sea. Este derecho debe ser garantizado desde el inicio del proceso penal.
Efectos nocivos del proceso penal: genera estigmatización social: aun si la denuncia resulta falsa, la trascendencia social de la imputación puede perdurar para siempre, aun cuando sea declarada su inocencia.
Motivos que impulsan las falsas denuncias: separaciones o disputas derivadas del fuero familiar. Las denuncias se transforman en un arma, donde la justicia penal opera como mero instrumento, vaciando de contenido el verdadero espíritu de la ley.
🌍 Reflexión final
El debate sobre violencia de género y falsas denuncias es tan necesario como complejo. La Ley 26.485 debe seguir siendo un pilar en la protección de las mujeres, pero también es urgente mejorar sus mecanismos de aplicación para evitar abusos que deriven en un ejercicio irracional del poder punitivo.
Debe siempre precaverse del sufrimiento de una persona inocente.
👥 Este video del Estudio Jurídico De Fazio abre un espacio de discusión plural, donde se reconoce la importancia de proteger a las víctimas, pero también la necesidad de defender a quienes son injustamente acusados. Y para ello, la presencia de un buen abogado penalista marca la diferencia entre la indefensión y la justicia.
